La CAC solicitó acciones para reducir la conflictividad y proteger a las empresas

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una nota con el pedido de implementación de una serie de medidas para proteger a la trama empresaria y reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad en el marco de la crisis provocada por la pandemia.

El pedido surge tras la reducción de la cantidad de empresas activas y frente al deterioro en materia laboral en lo que va de la cuarentena. “Es esperable, entonces, que en los próximos meses los argentinos atravesemos una situación económica y social crítica, con empresas profundamente afectadas en su estabilidad financiera por el corte de las cadenas de pago y la caída de la actividad, toda vez que los flujos de fondos, en el mejor de los casos, se recuperarán solo de forma paulatina”, agrega la nota.

“La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data”, continúa.

Para ello, desde la CAC se hizo el siguiente listado de acciones:

1) Creación de una instancia administrativa específica con facultades conciliatorias que funcione como espacio alternativo de solución de controversias previo a la judicialización del conflicto.

2) Suspensión temporal de medidas cautelares, embargos, inhibiciones, ejecuciones, basadas en obligaciones incumplidas en el curso (o como consecuencia posterior) de la aplicación de las medidas de emergencia dictadas por los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales.

3) Regulación normativa del proceso de regularización del endeudamiento con los fiscos, para permitir recuperar la recaudación sin destrucción de empresas.

4) Adecuación de la legislación aplicable en materia concursal en relación con la situación de emergencia pública sanitaria.

5) Determinación de esquemas de financiamiento de los pasivos con el sistema financiero, incluyendo a las tarjetas de crédito.

Cabe remarcar que la CAC considera acertada la ayuda estatal al sector privado en materia laboral, crediticia e impositiva, aunque sostiene que “en muchos casos no ha logrado evitar el incumplimiento de obligaciones asumidas por las empresas, lo que da lugar a una conflictividad latente que las expone —especialmente a las MiPyMEs— a su potencial extinción”.