El sistema tributario argentino está roto. Empresarios, contadores y administradores públicos coinciden en el diagnóstico, pero la reforma que se prometió en campaña sigue sin concretarse. Desde Federación Gremial del Comercio e Industria proponemos una hoja de ruta en tres etapas para simplificar los impuestos, reducir la carga administrativa y mejorar la equidad tributaria, sin comprometer la recaudación en las primeras fases de implementación.
Pagar impuestos en Argentina se ha convertido en mucho más que cumplir con una obligación. Es enfrentar una compleja estructura de normas, retenciones, percepciones, anticipos, pagos a cuenta, declaraciones juradas y sistemas que muchas veces se superponen.
El resultado es un sistema difícil de entender, costoso de administrar e injusto en muchos casos. Las empresas, especialmente las PyMEs, terminan acumulando saldos a favor que inmovilizan recursos indispensables para pagar salarios, proveedores o realizar inversiones. A su vez, esta complejidad dificulta la fiscalización, incrementa la judicialización y genera conflictos entre contribuyentes y fiscos, e incluso entre las propias jurisdicciones.
Si todos sabemos que el sistema funciona mal, ¿por qué no lo cambiamos?
La respuesta es, fundamentalmente, política. La reforma tributaria fue una promesa contundente durante la campaña electoral, pero terminó diluyéndose en la gestión. La restricción presupuestaria y la resistencia de provincias y municipios a revisar sus mecanismos de recaudación parecen imponerse sobre la necesidad de construir un sistema más eficiente.
El problema es que el sistema tributario es malo, pero sabemos cuánto recauda. Y esa certeza parece pesar más que la posibilidad de simplificarlo.
Desde Federación Gremial del Comercio e Industria creemos que es posible avanzar hacia una reforma fiscal sin poner en riesgo los recursos del Estado. La clave está en establecer prioridades y distinguir entre simplificar la administración tributaria y reducir efectivamente la carga impositiva.
Nuestra propuesta contempla tres etapas.
Primera etapa: eliminar las distorsiones administrativas
Las empresas soportan una multiplicidad de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos que ellas mismas deben determinar e ingresar al fisco. En muchos casos, estos mecanismos generan saldos a favor permanentes y obligan al empresario a financiar involuntariamente al Estado.
Proponemos revisar y eliminar progresivamente los regímenes de recaudación que generan estas distorsiones, particularmente los sistemas provinciales como SIRCREB, a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Asimismo, corresponde que ARCA revise el régimen de anticipos del Impuesto a las Ganancias, evitando que las empresas deban adelantar impuestos sobre resultados que todavía no obtuvieron.
Esta primera etapa tiene una característica fundamental: *no requiere reducir las alícuotas ni resignar recaudación tributaria efectiva. Se trata de eliminar mecanismos administrativos que provocan sobreanticipos, saldos a favor y costos innecesarios. El contribuyente seguirá pagando los impuestos que le corresponden, pero de una manera más simple y razonable.
Si no existiera voluntad de las provincias para avanzar en esta revisión, deberá analizarse una solución legislativa que garantice los derechos de los contribuyentes.
Segunda etapa: reducir progresivamente los impuestos distorsivos
Una vez corregidas las distorsiones administrativas, proponemos avanzar sobre aquellos tributos que encarecen la actividad económica.
El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, penaliza las transacciones financieras y afecta el costo de operar en la formalidad. Proponemos reducir gradualmente sus alícuotas, comenzando por las PyMEs, hasta avanzar hacia su eliminación.
También resulta necesario readecuar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Debe revisarse particularmente el componente adicional que grava al gasoil y la carga tributaria total sobre los combustibles.
*En un escenario donde determinadas rutas sean concesionadas y financiadas mediante peajes, resulta razonable revisar la estructura impositiva para evitar la superposición de mecanismos de financiamiento.* El impuesto debería concentrarse en el mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada y de aquellos corredores que no resulten económicamente atractivos para la explotación privada.
Esta etapa sí implica una reducción gradual de determinados impuestos, pero debe implementarse de manera ordenada, previsible y compatible con las posibilidades fiscales.
Tercera etapa: coordinar Nación, provincias y municipios
El verdadero desafío de la reforma fiscal argentina es resolver la superposición tributaria entre el IVA, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales que gravan la actividad económica, como la Tasa de Seguridad e Higiene y el Derecho de Registro e Inspección (DREI).
Una misma empresa debe liquidar distintos tributos y tasas, bajo diferentes criterios, ante múltiples jurisdicciones. Esto multiplica los costos administrativos, dificulta el control y genera incertidumbre. En muchos casos, además, las tasas municipales pierden su relación con el costo de los servicios que deberían financiar y terminan funcionando como verdaderos impuestos sobre la actividad económica.
Proponemos avanzar hacia un esquema de coordinación fiscal que permita simplificar sustancialmente la liquidación de estos tributos, reducir los costos de recaudación y fiscalización y evitar la superposición de gravámenes sobre una misma actividad.
El objetivo de largo plazo debe ser construir un sistema de tributación sobre el consumo más unificado y eficiente, que permita distribuir los recursos entre Nación, provincias y municipios, preservando la autonomía de cada jurisdicción y su legítima recaudación.
No se trata de desconocer las necesidades financieras de los Estados, sino de demostrar que es posible recaudar mejor, con menos burocracia y mayor previsibilidad para el contribuyente.
Una reforma para producir, invertir y generar empleo
Toda reforma tributaria debe respetar los principios de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, simplicidad administrativa e irretroactividad. Pero también debe incorporar una mirada especial sobre las PyMEs, que carecen de las herramientas financieras, administrativas y jurídicas de las grandes empresas para enfrentar las distorsiones del sistema.
La simplificación tributaria no es un reclamo sectorial. Es una condición necesaria para mejorar la competitividad, promover la inversión, fortalecer la formalidad y generar empleo.
Desde Federación Gremial del Comercio e Industria proponemos dejar de administrar las distorsiones de un sistema obsoleto y comenzar a construir uno que responda a las necesidades de una economía moderna.
La reforma fiscal fue una promesa de campaña. Hoy es una deuda de la gestión.
Y si todos estamos de acuerdo en que el sistema está roto, lo que falta no es diagnóstico. Lo que falta es decisión política para cambiarlo.
