Mientras miles de pequeñas y medianas empresas luchan cada mes para sostener el empleo formal, pagar salarios, afrontar impuestos y cumplir con regulaciones, la ARCA parece haber perfeccionado una habilidad muy particular: detectar en tiempo récord a una PyME que se atrasa algunos días en el pago de impuestos y cargas sociales. En un contexto que segun datos de la UIA el 45% de las empresas tienen dificultades para cumplir en tiempo y forma sus compromisos.
Embargos automáticos, bloqueos de cuentas y ejecuciones exprés forman parte del arsenal que el organismo despliega con una eficacia digna de admiración. La pregunta es por qué esa misma eficiencia desaparece cuando se trata de observar ciertos fenómenos patrimoniales que despiertan la curiosidad de cualquier ciudadano común.
En la Argentina abundan historias de crecimiento económico vertiginoso. Personas que en pocos años pasan de una situación patrimonial modesta a exhibir niveles de riqueza difíciles de explicar para el observador promedio. Modelos convertidas en empresarias multimillonarias, funcionarios públicos cuyos patrimonios evolucionan a velocidades inexplicables y financistas que parecen desafiar todas las leyes conocidas del mercado.
La asimetría de tratamiento resulta llamativa. El pequeño empresario que genera empleo enfrenta controles permanentes, requerimientos constantes y sanciones inmediatas. En cambio, frente a patrimonios que crecen exponencialmente, las explicaciones suelen llegar tarde, si es que llegan.
La sensación que queda instalada es incómoda: para algunos contribuyentes el Estado dispone de radares de última generación; otros pasan desapercibidos.
Las PyMEs no reclaman privilegios. Reclaman equidad. Reclaman que la rigurosidad sea la misma para todos. Que la velocidad de reacción no dependa del tamaño del contribuyente ni de su capacidad de influencia. Que el organismo encargado de controlar los recursos públicos dedique el mismo esfuerzo a investigar grandes inconsistencias patrimoniales que a perseguir pequeñas demoras administrativas.
Cuando el sistema castiga con dureza al que produce y genera empleo, pero parece indiferente frente a patrimonios que crecen a ritmos extraordinarios, el problema deja de ser tributario para convertirse en una cuestión de credibilidad institucional.
La confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier deuda fiscal.
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25 de junio | 18:00 hs
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