El Senado convirtió en leyes el nuevo marco regulatorio para la producción de biocombustibles que establece los porcentajes de cortes de combustibles de origen vegetal que se produzcan en plantas instaladas en la Argentina con la nafta y el gasoil. La nueva ley de fomento tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2030 y reemplaza a la anterior vigente durante 15 años.
La nueva legislación establece una disminución en el corte de biodiésel con el gasoil que se comercialice dentro del territorio nacional del 10% vigente a un 5% en volumen, con posibilidad de ser reducido hasta un 3% cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor.
En tanto, mantiene igual el porcentaje mínimo obligatorio del 12% para las naftas con bioetanol bajo los parámetros de un 6% para caña de azúcar y un 6% para el maíz.
En Argentina, el fomento de la producción de biocombustibles mediante instrumentos como cortes obligatorios, desgravación tributaria y subsidios basaron su justificación en la diversificación de la matriz energética tendiente a reducir el déficit de combustibles fósiles, disminuir el impacto ambiental y la posibilidad de agregar valor en sectores con excedentes de producción primaria.
En el país funcionan 36 plantas de biodiésel presentes en 10 provincias con una capacidad instalada de 5 millones tn/año, convirtiendo a la Argentina en el tercer país del mundo como productor detrás de EE.UU y Brasil. Sin embargo, hoy tiene una capacidad instalada ociosa del 50%, la producción en 2019 fue de 2,5 millones de toneladas y en 2020 el volumen fue aún menor debido a la pandemia, políticas restrictivas en algunos mercados externos y costos de producción por encima de precios regulados.
Actualmente el alto precio del insumo está ligado a la fuerte demanda de soja en el mercado internacional debido fundamentalmente a la creciente demanda de China y bajos stocks de soja en los EE. UU.
Del total producido, se destina al mercado interno el 52% y a exportaciones el 48% de la elaboración de biodiésel por un monto aproximado de u$s 1.000 millones. Con el anterior porcentaje de corte del 10%, el déficit de diésel en el país requirió importaciones por u$s 1.250 millones en 2019, y si bien el corte obligatorio permitió sustituir importaciones de combustibles, no permitió un ahorro relevante de divisas debido al precio internacional del aceite en alza y superior al del gasoil reemplazado en el mercado interno.
El aceite de soja utilizado como insumo que hoy se convierte en biodiésel reduce el saldo exportable, en un año en que el precio de exportación del aceite argentino aumentó un 90% pasando de valer US$ 750 a US$ 1.420 la tonelada.
El costo para el fisco de la Ley es estimado en función de las retenciones a las exportaciones no percibidas y exenciones impositivas. El nuevo proyecto mantiene la disposición de no gravar al biodiésel y bioetanol con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) aunque no contempla la aplicación de un nuevo impuesto ambiental de carácter disuasorio-corrector y destinados a lograr la neutralidad recaudatoria.
En tanto, el Estado argentino recauda en concepto de derechos de exportación, u$s 420/tonelada aplicando al aceite de soja una alícuota DEX del 31%, mientras que, el Biodiésel con una alícuota DEX del 29% genera ingresos por u$s 290/tonelada.
Actualmente el biodiesel argentino continúa teniendo problemas para ingresar a los principales mercados internacionales, reclamos de dumping y subsidios del bloque europeo y productores estadounidense determinaron aranceles para la importación que alcanzan el 140% en el mercado americano y 30% en la UE.
Un aspecto a tener en cuenta, será la oportunidad de un sistema energético más limpio y dinamizador de las economías regionales, sumado a la contribución del sector al empleo, el cual actualmente registra aproximadamente 4.000 puestos de trabajo según cálculos de organismos oficiales y Cámaras Empresariales. Se estima que de cada 1.000 empleos directos en la elaboración de biodiesel se generan 870 empleos indirectos, mientras que la generación de puestos para la producción de biodiésel es ocho veces mayor a la necesaria para la importación de diésel.
Santa Fe líder en Biodiésel
Diez provincias argentinas han dictado algún tipo de normativa relacionada con los biocombustibles, Santa Fe tiene ley propia y el presente régimen prevé beneficios promocionales como exención, reducción y diferimiento de tributos provinciales (Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a la Patente Única sobre Vehículos).
La provincia de Santa Fe es líder a nivel nacional, con 18 plantas en su mayoría de gran tamaño, principalmente en la zona del Gran Rosario, aporta el 80% de la capacidad total de producción nacional. El motivo de la amplia radicación de plantas de biodiésel está relacionado con las ventajas competitivas de un complejo industrial oleaginoso de relevancia mundial, la extensa conectividad y una adecuada infraestructura portuaria. La producción de biodiésel de soja en Santa Fe durante 2019 fue de 1,6 millones de toneladas, alcanzando una participación del 76% sobre el total nacional.
Trabajo realizado en el marco del convenio de cooperación académica entre Federación Gremial y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Autora Mariana Alvarez Vercesi con la colaboración del Departamento de Economía de la Federación Gremial en el Programa de Prácticas pre profesionales.
