El débil crecimiento económico exhibido por la economía mundial y argentina en 2019 verá una recesión más profunda en 2020 producto de la paralización de la producción, la caída del consumo y la inversión. Las últimas previsiones oficiales de la OCDE sobre el impacto en la economía mundial reducen el crecimiento para el presente año del 2,9% al 2,4%.
La economía argentina tiene pocas herramientas para enfrentar la crisis, el año 2019 cerró con un retroceso de la actividad de 2,1%, sin espacio para aplicar políticas fiscales expansivas y un proceso en marcha de reestructuración de su deuda. Si bien en 2019, el sector agropecuario creció 21%, no fue suficiente para compensar la caída de la industria (-6%), comercio (-7,5%) y construcción (-8%).
Política fiscal
El equilibrio de las cuentas públicas, en el actual contexto de emergencia social, será económicamente inviable, no habrá reducción de déficit fiscal primario en 2020 estimado en 1,5% del PBI. En 2019, la Nación registró un déficit de $95.100 millones (representando el 2,5% de sus Ingresos), el rojo en la provincia de Santa Fe fue $16.470 millones (5% de sus Recursos) y en la ciudad de Rosario $3.600 millones (15% de los Ingresos).
Actualmente la Argentina no dispone de recursos para afrontar un plan expansivo, la estrategia fiscal será elevar la presión fiscal, reperfilar deuda para reducir pagos y reasignar gasto público hacia sectores de bajos recursos.
En función de esto, se dispusieron una serie de medidas para atenuar el efecto económico de la pandemia, entre las que figuran:
Eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados como transporte de pasajeros, provisión de insumos, turismo, hoteles y esparcimiento entre otros.
Se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para el pago parcial de salarios. Aumentará el presupuesto en $100.000 millones para infraestructura económica y se destinarán $350.000 millones para créditos blandos mediante el sistema bancario a tasas de interés del 26% anual.
Relanzamiento del Plan ProCreAr y renovación del programa Ahora 12 por un plazo de seis meses, sumado a un pago extra, de $3.000 por única vez, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), personas que perciben una única jubilación o pensión mínima y el bono ¨Ingreso Familiar de Emergencia¨ de $10.000 para trabajadores vulnerables.
El paquete de medidas tendrá un costo fiscal total del 2% del PBI, sin embargo, la inyección real del plan, si tenemos en cuenta obra pública y fondos de contención social, representarán el 0,7% del PBI.
Reestructuración de Deuda
La deuda argentina se compone de 311.000 millones de dólares que representa el 91% del PBI, de los cuales el 39% se le debe a acreedores privados, locales e internacionales, un 38% del total a Agencias del Sector Público y el 25% restante a Organismos de Crédito Internacional.
La reciente resolución publicada en el Boletín Oficial autoriza la reestructuración de deuda con acreedores privados por USD 68.840 millones, de un total de u$s 117 mil millones. En esta primera etapa quedarán excluidos bonistas bajo legislación local y el FMI, con el cual se deberá renegociar u$s 44.000 millones con vencimiento en 2022 y 2023.
El objetivo de la reestructuración será mantener la capacidad de pago de los servicios de la deuda vía periodo de gracia sin pago de interés (de 3 a 5 años), recorte del pago de intereses (máximo 50%) y quita, si es posible ya que extendería la negociación, del valor nominal del capital. Ante todo, prolongar los plazos debido al problema de liquidez que genera la proximidad y concentración de los vencimientos será fundamental.
La Argentina registra diez años consecutivos de déficit fiscal lo cual dificultará la renegociación, aun cuando en 2019 logró una importante reducción de su déficit llevándolo al 0,5% del PBI, hoy la decisión política no es equilibrar las cuentas a costa de menor actividad.
El desafío será mantener este año el superávit comercial obtenido en 2019 de u$s16.000 millones afectado por la caída en los precios de la Soja, Trigo y del Petróleo (-59% en 2020) lo cual imposibilita la rentabilidad de Vaca Muerta.
El riesgo país actual por encima de 4.000 puntos significaría tomar deuda a una tasa del 20% anual, sin embargo, el contexto internacional ha provocado que los inversores mundiales quieran salir de sus activos más riesgosos mejorando así la posibilidad de un acuerdo, recordemos que logrando el 66% de adhesión el resto de los bonistas debería aceptarlo.
Por último, la caída significativa en la cotización de los bonos argentinos, hoy con una paridad promedio del 40%, podría despertar el interés de fondos de inversión dispuestos a comprar deuda para luego litigar por el valor total. Sumado a la baja de la tasa de interés de los bonos del tesoro estadounidense por debajo del 1% a 10 años, lo cual reduce el costo de oportunidad de las demás opciones de inversión, en consecuencia, los bonistas no estarían dispuestos a aceptar importantes quitas.